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El pasado jueves 23 de julio, la sede central del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales fue allanada por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y lo Correccional Federal N° 7, con el fin de investigar los subsidios que otorgó la institución desde el 15 de diciembre del 2019. Pero, ¿a qué se debió este allanamiento?
La Justicia decidió investigar a Luis Puenzo y Nicolás Batlle, presidente y vicepresidente del INCAA respectivamente, por un supuesto favorecimiento a determinadas productoras con los subsidios que da el instituto. El principal problema radica en que ambos habrían firmado expedientes ordenando pagos a las empresas Magoya Films, productora que fue presidida por Batlle hasta diciembre del año pasado, y la productora Ziok, propiedad de un ex socio de Puenzo Hermanos.
Dentro de este dilema se encuentra Sonia Serrano, subgerente de Administración del INCAA y contadora de todas las productoras de Luis Puenzo. La importancia de su puesto se fundamenta en que desde la administración se define la distribución de los pagos. Otra de las implicadas es Martina Cirimele, encargada de la Unidad de Transparencia Institucional (UTI), quien fue cuestionada por no advertir los supuestos conflictos de intereses.
Luis Puenzo y Nicolás Batlle.
Desde el INCAA manifestaron que gran parte de los expedientes incautados son de pagos realizados por la actual gestión, pero correspondientes a deudas que habían sido contraídas durante el 2019. Respecto de los pagos a compañías productoras cercanas a los altos mandos del Instituto, la Unidad de Auditoria Interna aclaró que «Luis Puenzo no forma parte de Ziok SRL ni Nomad All SRL, coproductoras de la película El Paraíso», una de las beneficiarias del subsidio. A pesar de que, al ser una causa abierta, no se pueden hacer públicos determinados detalles, es posible acceder a la lista de los más de 300 subsidios en investigación.
Las sospechas no se reducen a los actuales directivos del INCAA, sino también a la principal denunciante: Cristina Agüero, quien fue acusada de haber recibido un subsidio polémico para su película Policía Corrupto en 1996. El pago había sido decidido por Julio Mahárbiz, el por entonces presidente de la institución, quien hizo caso omiso al comité de evaluación que había declarado la película como «sin interés».
Pero los problemas de la institución no iniciaron con el allanamiento, sino que atraviesa inconvenientes desde el año pasado. En diciembre de 2019, Ralph Haiek, quien fue presidente del INCAA entre 2017 y 2019, fue denunciado penalmente por Documentalistas Argentinos (DOCA), Directores Independientes de Cine (DIC) y la Asociación de Productores y Realizadores Independientes (APRI) por «malversación de fondos» e «incumplimiento de deberes como funcionario público». Según los denunciantes, desde la asunción de Haiek en 2017, se dejaron de otorgar créditos de fomento y hubo una desviación de los fondos destinados al subsidio de producciones nacionales. Además, fue denunciado por no inspeccionar y sancionar el incumplimiento de la cuota de pantalla, la cual garantiza una distribución y exhibición mínima de películas nacionales en salas de cine comerciales.
Más allá del fuego cruzado, los principales afectados por la investigación son los realizadores que, por decisión del INCAA, no recibirán subsidios hasta que se regularice la situación. A esto hay que sumar que, durante el allanamiento ordenado por el juez Sebastián Casanello, se confiscaron 377 expedientes -cada uno correspondiente a una producción cinematográfica-, por lo que cerca del 90% de las películas en producción se verían obligadas a detener el proceso momentáneamente. La pandemia generó que el INCAA no perciba ingresos por exhibición desde hace más de cuatro meses; por ende, el 50% de los ingresos del instituto, que son destinados a las producciones nacionales, solo se puede tomar de los 200 millones de pesos que otorga mensualmente el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
